El Municipio se planta frente a un proyecto inmobiliario y avanza en su plan para recuperar la costa de San Isidro
Un decreto de la actual gestión retrotrajo la aprobación que habían obtenido en 2022 para la construcción del complejo habitacional con vistas al río denominado Costa Townhouses Al Río.
En noviembre de 2022, a través de un decreto municipal, se había autorizado al Fideicomiso “Fincas y Costa Sarmiento”, la construcción de un conjunto de ocho viviendas con vista al río en la costa de San Isidro que generaban una barrera de acceso. Todo ello, sujeto al cumplimiento de distintas condiciones ambientales, urbanas y administrativas.
El proyecto, aprobado por la administración anterior, había despertado una fuerte polémica ya que los vecinos se oponían y reclamaban que se respete la zona del Parque de la Ribera.
En mayo de 2023, el Fideicomiso “Fincas y Costa Sarmiento”, a través de su entonces administrador fiduciario “Faro del Sur SRL”, comenzó a tramitar el permiso de construcción sobre el inmueble.
En ese momento, el Municipio solicitó al Fideicomiso que se cumplan las condiciones establecidas en el decreto Nº 1947/2022, sobre todo lo que se refería a la cesión de una porción del terreno para afectar al trazado de la calle Elcano, el otorgamiento de la factibilidad de las empresas prestando los servicios como agua potable, gas y electricidad, y diversos aspectos del proyecto de obra que no se ajustaban a lo establecido.
Para obtener la aprobación y el otorgamiento del permiso de construcción, la empresa tuvo un plazo de 180 días. A poco más de un año de ese plazo, el fideicomiso no cumplió los requisitos establecidos ni las observaciones que fueron formuladas en tres intimaciones de este año realizadas por el municipio.
La actual administración, a través de un decreto firmado por el intendente Ramón Lanús, suspendió el proyecto inmobiliario que está ubicado sobre la calle Elcano y Alvear, en la localidad de Martínez, por varios incumplimientos a las condiciones esenciales a las que se había sujeto la autorización.
Desde el Municipio señalaron que, debido a esos “incumplimientos fundamentales”, declararon la caducidad del decreto que había firmado la gestión anterior.
Es que para obtener la aprobación definitiva debían, entre otras cuestiones, mostrar la factibilidad de las empresas, prestando servicios de agua potable, luz y electricidad. Esto implica ejecutar obras, por ejemplo, para cloacas, sobre todo por tratarse de una locación tan cercana al río. Pero según la nueva resolución, estas no se encontraban “contempladas dentro de los planes de obra de AySA”.
Otros problemas tuvieron que ver con la provisión de gas natural, ya que la empresa habría alegado que “todo el equipamiento sería eléctrico”, pero esto no fue expresado en el certificado extendido por Edenor, que solo afirmó que “es factible brindar el suministro eléctrico requerido”, sin más precisiones.
“El desarrollador del proyecto incumplió los requisitos, a pesar de los plazos extendidos y las instancias de intimación. Además, el proyecto generaba una barrera urbana, algo inconsistente con la mirada que tenemos para la costa de San Isidro, una costa que sea para todos, accesible y caminable. Buscamos una costa que sea pública, abierta, integrada y con acceso a todos los vecinos y visitantes del distrito”, argumentaron desde el Municipio.
En ese sentido, ampliaron: “La idea es generar un camino costero, logrando la mayor continuidad Norte – Sur, con espacios verdes para que todos los vecinos lo puedan disfrutar”.
“Queremos recuperar espacio público para todos los vecinos de San Isidro e impulsar el trabajo, el desarrollo económico y la seguridad de la zona”, completaron.
