10 de octubre de 2024

El Gobierno nacional avanza en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos

Se anunció la adjudicación y entrega de equipamiento para 15 provincias y 55 municipios.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, firmaron hoy convenios con municipios y consorcios para la adjudicación y entrega de equipamiento de optimización de la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU), así como también destinados a la adquisición de infraestructura para mejorar las condiciones laborales de los recicladores urbanos.

En el encuentro estuvieron presentes el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky; el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, y la jefa de Gabinete de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Soledad Cantero. Y por videoconferencia lo hicieron los gobernadores Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Ricardo Quintela, de la Rioja; Sergio Uñac, de San Juan; Juan Manzur, de Tucumán; y Omar Perotti, de Santa Fe, junto a 55 intendentes de todo el país.

La medida, realizada a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es la primera etapa de un monto de inversión cercano a los 1.700 millones de pesos, que alcanzará a 55 municipios de 15 provincias y beneficiará a más de 9 millones de argentinos y se enmarca dentro del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto.

“Dijimos que este era un Gobierno que venía a cambiar las prioridades y plantear la reconstrucción de una Argentina con mirada ambientalista, es parte de esa agenda que vinimos a tratar de representar”, afirmó el jefe de Gabinete.

Cafiero subrayó además: “Seguiremos trabajando codo a codo y de manera articulada la Nación, las provincias y los municipios, para llevar adelante la erradicación de los 5 mil basurales a cielo abierto que tiene nuestro país, haciendo que la política pública llegue a los territorios, que esté presente en cada lugar donde haga falta”.

Por su parte, Cabandié indicó: “Estamos en tratativas con el BID, para el año próximo poder obtener una nueva línea de crédito, de aproximadamente 250 millones de dólares, con el objetivo de erradicar los 5 mil basurales. Esta es una política que por primera vez se encara desde el Gobierno nacional, porque los residuos son de competencia municipal”.

“Queremos acompañar desde el Gobierno estas acciones que se llevan a cabo y vincular las plantas de tratamiento y estos equipamientos, con las tareas que desarrollan recicladores y recicladoras, que constituyen el eslabón principal del tratamiento de residuos”, expresó el ministro, y añadió: “eso se traduce en generación de empleo, generación de ingreso y el buen tratamiento de los residuos; es una manera de generar insumos para las industrias y también para cuidar el planeta”.
El equipamiento incluye excavadoras sobre orugas, palas frontales sobre neumáticos, camiones con volcadores, camiones de caja cerrada con plataformas hidráulicas traseras, carretones, autoelevadores, minicargadoras, trituradoras de vidrio y de cascotes, guillotinas de neumáticos, balanzas de piso y para camiones con eje portátil, enfardadoras de doble cajón vertical, chipeadoras de ramas, carritos recolectores, plantas de clasificación de RSU y puntos verdes móviles de arrastre.

Debe destacarse que la maquinaria para la valorización de los residuos sólidos urbanos que se entregará permitirá incorporar a la economía formal a miles de trabajadores a lo largo del país, generando una fuente de ingreso real, basada en la economía circular, ya que se transformarán residuos en materias primas a ser empleadas en procesos industriales.

Como parte de los compromisos establecidos, los municipios deberán desarrollar reglamentos operativos específicos que den cuenta el estado de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en sus localidades y planes de mejora en la eficiencia de la gestión de los RSU con la maquinaria a ser adquirida. También tendrán que realizar un relevamiento de los recicladores urbanos formales e informales en la jurisdicción y plantear las iniciativas y compromisos correspondientes para su incorporación a la economía circular.